El Senado aprueba el marco regulatorio para el mercado de carbono
La Cámara alta dio media sanción a una ley que regula la comercialización de créditos ambientales. La iniciativa busca atraer inversiones mediante beneficios fiscales y define la titularidad de los activos para productores agropecuarios.
El Senado de la Nación aprobó el jueves 29 de octubre un marco regulatorio para el mercado de carbono, con un respaldo casi unánime de 60 votos afirmativos contra 2 negativos. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados, establece reglas claras sobre la titularidad y comercialización de los créditos, definidos como instrumentos que certifican la reducción o remoción de una tonelada de dióxido de carbono equivalente.
El proyecto otorga 30 años de estabilidad fiscal nacional para los proyectos inscriptos en el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), un sistema digital y gratuito creado por la norma. Según las estimaciones oficiales, este mercado podría generar exportaciones por hasta 3900 millones de dólares. La ley considera a los créditos como bienes inmateriales de carácter patrimonial, diferenciados del inmueble o la actividad de origen, garantizando que el propietario de la tierra sea el principal beneficiario.
Para asegurar la transparencia, la normativa introduce la tokenización de los activos mediante tecnología blockchain, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. Esto permitirá rastrear el ciclo de vida de cada crédito y evitar el doble conteo. Los productores podrán adherirse de forma voluntaria a programas públicos, manteniendo el derecho a desarrollar proyectos individuales o a excluirse mediante un mecanismo simple.
Especialistas del sector agropecuario destacaron que la medida ofrece una oportunidad para mejorar la eficiencia productiva y atraer financiamiento internacional. No obstante, advirtieron que el éxito de la implementación dependerá de la capacidad de adaptar los esquemas a las distintas escalas productivas, incluyendo programas colectivos para pequeños productores que permitan reducir los costos de participación y auditoría.
Fuentes (3)
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