El Senado aprueba un régimen de incentivo para inversiones relevantes
La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y dos en contra en la Cámara alta. El proyecto impulsado por el radicalismo contempla beneficios fiscales por 30 años para emprendimientos productivos superiores a los 12 millones de dólares.
El Senado aprobó un proyecto que establece el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, con el propósito de otorgar beneficios impositivos a proyectos productivos de mediana escala. La iniciativa impulsada por el radicalismo recibió media sanción en el recinto con 60 votos a favor y dos en contra, emitidos por los legisladores santacruceños, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.
El autor del proyecto, el senador Eduardo Vischi, explicó durante su exposición que la normativa busca cubrir el espacio existente entre otros regímenes vigentes para promover el desarrollo industrial y las economías regionales. El esquema exige una inversión productiva mínima de 12 millones de dólares, la cual debe concretarse durante los primeros dos años desde la vigencia de la norma, y excluye los activos financieros, las inversiones de cartera, los bienes de cambio y los automóviles.
Entre los beneficios previstos figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de los créditos fiscales del Impuesto al Valor Agregado, junto con una estabilidad normativa tributaria que se extenderá durante 30 años tras la promulgación. Como excepción al monto mínimo, la normativa contempla sistemas de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes.
Para acceder al esquema, las empresas interesadas deben presentar un plan de inversión con detalles sobre el cronograma, la producción estimada, las proyecciones de exportación y la creación de empleo. Asimismo, la normativa exige que las firmas destinen al menos un 20 por ciento del presupuesto para proveedores a la contratación local, siempre que exista oferta en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad, mientras que la autoridad de aplicación dispondrá de un plazo de hasta 90 días hábiles para evaluar cada solicitud.
Durante el debate en la cámara, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó que las medidas resulten insuficientes frente a la situación económica actual, y el senador Jorge Capitanich advirtió sobre las asimetrías fiscales entre los distintos regímenes de promoción.
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