La desidia estatal que mató dos veces: la escuela fantasma y el femicidio de Nancy Godoy
Una docente denunció el abandono de una escuela rural, un director que cobraba sin ir y alumnos que casi no existían. El Estado, en todos sus niveles, miró para otro lado. Hasta que terminó en tragedia.
Por Hernán Accomo
En el paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, funcionaba —o fingía funcionar— la Escuela Primaria N° 626. Una escuela dentro de una estancia, con muy pocos alumnos (hijos de peones), un director titular que según la denuncia de la propia docente apenas había asistido tres veces en dos años, y un edificio en estado de abandono total.
Nancy Estela Godoy, de 52 años, asumió como directora suplente en agosto de 2026. Hizo lo que cualquier ciudadano debería esperar de un servidor público: denunció. Presentó notas formales ante el Consejo General de Educación. Grabó el estado del establecimiento. Señaló a la supervisión escolar por no controlar. Advirtió que había una “escuela fantasma con alumnos fantasmas”.
Nadie respondió a tiempo.
El resultado es conocido: Nancy apareció muerta. Cinco personas del entorno de la estancia están detenidas en la causa por el femicidio. Pero el crimen no borra la otra responsabilidad, la que es más profunda y más estructural: la del Estado.
Desde el gobernador Juan Pablo Valdés hacia abajo, pasando por la ministra de Educación Ana Miño, el Consejo General de Educación, la supervisión de zona y el propio director titular, toda la cadena institucional falló. No es un error puntual. Es desidia. Es la costumbre de mantener cargos, sueldos y estructuras que no se controlan, especialmente en los lugares más alejados, donde el Estado se vuelve abstracto.
Los alumnos —niños hijos de trabajadores rurales— también son víctimas de esa misma desidia. La educación es obligatoria. La Asignación Universal por Hijo está condicionada a la escolaridad. Existen áreas de desarrollo social, de educación rural y de protección de derechos. Sin embargo, en ese paraje la matrícula real era mínima, la asistencia irregular y el control casi inexistente. ¿Quién verificaba que esos chicos estuvieran realmente escolarizados? ¿Quién cruzaba la información con ANSES? ¿Quién iba al territorio?
La respuesta es incómoda: casi nadie.
Este caso no es solo un femicidio. Es el retrato de un Estado que mantiene aparatos burocráticos costosos, que paga sueldos a quienes no cumplen, que recibe denuncias y las archiva, y que cuando el problema estalla en tragedia se escandaliza y convoca paros. La hipocresía es total: se clama por “cuidar a los docentes” después de haber abandonado a una docente que intentó hacer exactamente eso que el sistema debería haber hecho solo.
La desidia no es un accidente. Es una forma de gobernar. Y mientras no haya consecuencias reales —sumarios, auditorías, responsabilidades políticas y administrativas—, escuelas como la 626 seguirán existiendo en el papel y desapareciendo en la realidad. Con docentes y alumnos adentro.
Que descanse en paz Nancy Godoy.
Y que el Estado deje de mirar para otro lado.
Por Hernán Accomo, de la redacción de Radar Balcarce
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