Productores de Carlos Casares presentan un amparo por fondos viales
Dos productores agropecuarios recurrieron a la Justicia para exigir información sobre el destino de 2,3 billones de pesos anunciados para obras hidráulicas. La presentación se realizó tras la falta de respuesta a un pedido formal.
Dos productores agropecuarios de Carlos Casares presentaron un amparo contra el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense para exigir información sobre obras hidráulicas. La medida judicial por acceso a la información pública fue interpuesta el 22 de octubre de 2026, luego de que un pedido formal ingresado el 22 de julio no obtuviera respuesta dentro del plazo legal.
El reclamo apunta a conocer el destino de los 2,3 billones de pesos del Plan de Gestión del Riesgo Climático presentado en agosto por el gobernador Axel Kicillof. Los demandantes solicitan documentación sobre las intervenciones proyectadas, contratadas, iniciadas, paralizadas o finalizadas, además de precisiones sobre el presupuesto asignado, los montos ejecutados y los trabajos pendientes.
La presentación comprende distintas obras en la cuenca del río Salado, con especial atención en la subregión A3, el arroyo Saladillo, el canal troncal Mones Cazón y los canales Vinculación y del Este. También abarca las intervenciones en la laguna Municipal de Bragado, el sistema Belloq-Cadret-La Sofía y el estado de los caminos rurales, alcantarillas, puentes y drenajes en Carlos Casares.
El planteo surge ante la preocupación por los anegamientos registrados durante 2025 en la región, que afectaron la producción agropecuaria y la circulación en la zona rural. Los productores aclararon que el objetivo del amparo es obtener datos documentados sobre el uso de los recursos y el estado de la infraestructura, sin solicitar que la Justicia determine si las decisiones oficiales fueron correctas.
Ante las consultas periodísticas, desde la cartera a cargo de Gabriel Katopodis señalaron que responderán el pedido de informes a la brevedad. Por el momento, la medida busca una respuesta oficial y no implica una resolución definitiva sobre las obras ni determina irregularidades en el manejo de los fondos.
Fuentes (2)
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